Por un lado, se establece un límite al incremento en la renovación de contratos de alquiler existentes hasta el 31 de diciembre de 2023, manteniéndose en un 2%, aumentando a un 3% en 2024 y, desde 2025, aplicándose un nuevo Índice de Alquiler a desarrollar por el Ministerio de Transportes. Además, los inquilinos podrán optar por una prórroga extraordinaria anual por hasta tres años en contratos vigentes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) deberá definir un nuevo índice de referencia para actualizar anualmente los contratos de alquiler de vivienda antes del 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de evitar aumentos desproporcionados en las rentas.

Se han simplificado los criterios para declarar zonas tensionadas en el mercado de alquiler, pudiendo cumplir solo una de las dos siguientes condiciones: un esfuerzo del pago de vivienda superior al 30% de los ingresos familiares en la zona (incluyendo gastos y suministros) o un incremento en los precios de más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años.

En zonas tensionadas, se reduce el número de viviendas necesarias para ser considerado gran tenedor, pasando de 10 a 5 propiedades. En estas áreas, los límites en los precios del alquiler dependerán del tipo de propietario (pequeño o gran tenedor).

En el caso de viviendas en alquiler por primera vez en una zona tensionada y sin haber estado alquiladas en los últimos cinco años, se aplicarán los límites establecidos en el índice de referencia de precios.

Los gastos y honorarios inmobiliarios en el alquiler de una propiedad correrán a cargo del propietario y los contratos no podrán excluir la aplicación de la Ley de Vivienda. Además, se prohíbe incrementar las rentas de alquiler mediante la introducción de nuevos gastos no previamente acordados.

Se impulsará la vivienda protegida en alquiler a precio limitado y se establecerá fecha y hora obligatorias para realizar desahucios, incluyendo nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento. Además, se permitirá el uso de fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales a personas en riesgo de desahucio.

Estas modificaciones serán incorporadas al proyecto de ley enviado por el Gobierno de coalición al Congreso de los Diputados antes de su remisión al Senado.

Se mantienen otras medidas como estímulos fiscales a pequeños propietarios, bajada de renta en zonas declaradas tensionadas, alquiler de viviendas a jóvenes, rehabilitación o mejora, movilización de vivienda vacía, parque público de viviendas y protección pública permanente de viviendas protegidas.

El Gobierno celebra el acuerdo y las reacciones varían entre la crítica al enfoque coercitivo hacia los propietarios y la falta de medidas para aumentar la oferta de viviendas en alquiler en España.