El mundo inmobiliario y urbanístico es una continua caja de sorpresas para los neófitos en la materia. 

Hace unos meses hablábamos del Certificado de Eficiencia Energética, requisito indispensable para la transmisión de viviendas, hoy lo haremos de otro requisito de obligatorio cumplimiento para determinada tipología de inmuebles.

Nos referimos al Informe de Evaluación del Edificio. Se trata de un documento que describe las características constructivas de los elementos comunes de un edificio existente, indicando su estado de conservación, sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética, señalando las deficiencias constructivas, funcionales, de seguridad o de habitabilidad detectadas, con el fin de advertir sobre ellas y orientar las acciones necesarias para mantener el adecuado estado de conservación.

Se trata, en definitiva, de un instrumento normativo del que se vale la Comunitat Valenciana para diagnosticar el estado inmobiliario. De ahí que el cumplimiento de su obligatoriedad sea considerado prioritario para los inmuebles construidos antes de 1.970.

La normativa que activaba este procedimiento data de 2018, pero su conocimiento es casi nulo por parte de la mayoría de los propietarios de este tipo de inmuebles.

Las alarmas saltan cuando comunidades y propietarios de viviendas construidas antes de la fecha indicada empiezan a recibir notificaciones desde la Generalitat Valenciana en las que se advierte, no solo de la obligatoriedad de realizar este informe, sino de las consecuencias de su incumplimiento, con sanciones que pueden alcanzar los 6.000 euros.

A partir de ahí se viven situaciones de cierta preocupación. ¿Qué pasa si la comunidad de propietarios decide no atenerse a estas notificaciones? ¿Qué consecuencias tiene para los propietarios individuales?. ¿En qué posición quedan los Ayuntamientos respecto a la vigilancia de su cumplimiento? ¿Qué coste supone someterse a estos informes?

De momento, el Ayuntamiento de Ontinyent ha movido ficha y prevé la posibilidad de otorgar ayudas a los propietarios para que les resulte menos gravoso cumplir con esta obligación.