El anuncio de que Barcelona se dispone a cerrar todos los pisos turísticos en el horizonte de 2028 ha desatado una tormenta que pone en evidencia un problema que España ha estado ignorando durante demasiado tiempo: la caótica situación de la vivienda. Con el turismo aportando más del 12% al PIB nacional, no cabe duda de que es un sector clave para la economía y para la vida de millones de españoles. Sin embargo, los efectos devastadores que esta industria está teniendo en el mercado inmobiliario son innegables y deben abordarse con firmeza si no queremos que el perjuicio final supere al beneficio inmediato.
Los pisos turísticos son los villanos en esta historia de desalojo y desfiguración urbana. En Barcelona y en otras ciudades —desde Ibiza hasta Málaga—, este fenómeno ha llegado a ser insostenible, con expulsiones masivas de inquilinos que están desfigurando los centros urbanos, aniquilando cualquier actividad que no sea puramente turística y afectando severamente la vida de los vecinos que aún resisten. La regulación estricta e incluso la prohibición de estos alojamientos deben ser consideradas si queremos recuperar nuestras ciudades.
El Ministerio de Vivienda ha convocado a los ayuntamientos para abordar un problema que ha alcanzado dimensiones desorbitadas gracias a las plataformas digitales que permiten alquilar viviendas a turistas con escasos controles. ¿Estamos dispuestos a dejar que 10.000 pisos turísticos en Barcelona, 16.000 en Madrid y 11.000 en Málaga operen sin apenas regulaciones? La falta de iniciativa de las administraciones para inspeccionar y sancionar es alarmante. Que en Madrid solo se impusieran 86 sanciones el año pasado es una muestra clara de la dejadez institucional. Además, el propio Ayuntamiento ha calculado que el 92% de estos apartamentos operan sin licencia, una cifra escandalosa.
Es cierto que la regulación tendrá que ser asimétrica, pues lo que es un problema grave en muchas ciudades y zonas costeras podría ser un motor de progreso en las zonas rurales de la España vaciada. Sin embargo, en las ciudades, la conversión masiva de viviendas en pisos turísticos está expulsando a los propios habitantes y desintegrando el tejido social.
Barcelona ha dicho basta, amparándose en un decreto de la Generalitat que da cinco años a los municipios para que decidan si quieren o no tener pisos turísticos y bajo qué condiciones. Esta medida, aunque seguramente dará lugar a disputas legales entre los concesionarios de licencias y el Ayuntamiento, es una respuesta a una emergencia habitacional que ha llegado a tal punto que el malestar con estos apartamentos amenaza con derivar en una turismofobia generalizada. Es crucial que las administraciones tomen cartas en el asunto. Los turistas deben alojarse en establecimientos de hostelería, ya sean hoteles convencionales, apartahoteles o pensiones. Las viviendas deben ser, por regla general, para los locales. Solo así, evitando la competencia desleal entre visitantes y residentes, se podrá mantener un equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los ciudadanos.